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LogoCarla María Campo Dacal ΙΙ Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo y Mediadora Laboral, Mercantil, Familiar y Escolar ΙΙ Civil, Mercantil, Bancario, Penal, Laboral, Seguridad Social, Administrativo ΙΙ Blogger ΙΙ Contacto:  📍 C/ Doctor Gasalla, 6-8 Entresuelo C – 27004 Lugo ☎ 665009930 / 982801927 📧 carlacampodacal@gmail.com

 

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¿Pueden ser nulas o no conformes a derecho las sanciones impuestas por incumplir el Real Decreto de Estado de Alarma?

Como sabemos, durante la declaración del estado de alarma, se han extendido multitud de denuncias a causa del incumplimiento de las prescripciones contenidas en el real decreto que declara y regula las condiciones del mismo. Ha habido compañeros que han manifestado la posible nulidad de todas aquellas sanciones dictadas al amparo (o por remisión) de la citada norma reglamentaria. Ante estas manifestaciones y análisis, tenemos que aclarar, antes de nada, que habrá que estar, en todo caso, a los hechos acaecidos en cada caso concreto y que serán, en su caso, los juzgados y tribunales de lo contenciso-administrativo los que determinen la conformidad o no de las sanciones impuestas con el ordenamiento jurídico vigente.

¿Qué limitaciones impone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19? El artículo artículo 7 de la norma, bajo la rúbrica Limitación de la libertad de circulación de las personas, establece lo siguiente:

1. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

2. Los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto responsable de su cuidado cuando este realice alguna o algunas de las actividades previstas en el apartado anterior.

3. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

4. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

5. (…)

6. El Ministro de Sanidad podrá, en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 de este artículo, con el alcance y ámbito territorial que en aquellas se determine.

A su vez, el artículo 11 a) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, aprobada al amparo del artículo 116.2 del vigente texto constitucional español, dispone que «con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos«.

Hay una parte de compañeros juristas (que no les falta razón, a expensas, obviamente, de lo que declaren los tribunales) que entienden que las previsiones o, mejor dicho, restricciones impuestas en el real decreto, exceden de los límites que fija el artículo 11 de la ley orgánica aludida y que tiene tintes de estar regulando un estado de excepción y no un estado de alarma. En este sentido, ya se partiría de la premisa de que la norma reguladora del estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria, sería contraria a la ley habilitante. Seguir leyendo ¿Pueden ser nulas o no conformes a derecho las sanciones impuestas por incumplir el Real Decreto de Estado de Alarma?

Cese en periodo de prueba y situación legal de desempleo en tiempos de Covid-19

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, ha venido a suprimir, temporalmaente y, a medio de su artículo 22, una situación concreta de cese en periodo de prueba que, por ministerio de la ley, no se consideraba como situación legal de desempleo. La norma (Real Decreto Legislativo 8/2015) estableció una suerte de existencia de fraude de ley ope legis en un caso muy concreto: resolución de la relación laboral durante el período de prueba a instancia del empresario, siempre que la extinción de la ¹ relación laboral anterior no se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en el artículo 267.1 a) – despido, fin de contrato…- o ² haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.

El mencionado Real Decreto-Ley (Artículo 22. Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma), viene a suavizar o, mejor dicho, suprimir el apartado 7º del artículo 267.1 a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

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Viajes combinados y Covid-19: protección de los consumidores

Cuando nos referimos a «viaje combinado» estamos pensando en el típico pack de «hotel+avión» que contratamos a través de nuestra agencia de viajes de confianza. Cierto que este puede calificarse como el «viaje combinado» clásico pero, no es, necesariamente, la única fórmula para estar en presencia de dicha figura jurídica. La definición de viaje combinado se encuentra recogida en el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Con carácter general, por viaje combinado ha de entenderse la combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje (transporte, alojamiento, alquiler de vehículo u otro/s servicio/s turístico/s) a efectos del mismo viaje o vacación, tanto si son combinados por un único empresario como contratados con distintos prestadores de servicios siempre que, en este último supuesto, se cumplan los requisitos establecidos en el mencionado artículo.

Con la actual crisis sanitaria, generada como consecuencia del coronavirus Covid-19, se ha producido una gran cantidad de cancelaciones de viajes previamente programados y, obviamente, ya pagados. Este hecho ha supuesto una situación de desprotección o inseguridad jurídica en el seno de los consumidores y usuarios que habían contratado sus paquetes vacacionales y que, como consecuencia de los acontecimientos acaecidos han tenido que proceder a la cancelación de sus vacaciones con las consecuentes pérdidas, no solo emocionales, sino también, económicas . Para paliar esta situación descrita se ha procedido a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en cuyo artículo 36.4, bajo la rúbrica derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios e insertado en la sección 3ª (Medidas de protección de consumidores) establece lo siguiente:

En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.

No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la resolución del contrato.

El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.

A la vista del artículo descrito, el consumidor o usuario que contrató el viaje combinado cancelado por causa del Covid-19, tendrá derecho a optar por alguna de las soluciones siguientes: Seguir leyendo Viajes combinados y Covid-19: protección de los consumidores

Covid-19: dudas sobre prestación por desempleo, ERTE´S…

Foto: www.phila.gov

 

Aunque estamos en presencia de una crisis sanitaria, ello no es óbvice para que los ciudadanos tengan incertidumbre sobre su futuro laboral. Estos días hemos recibido numerosas consultas de trabajadores que desean saber, entre otras cuestiones, qúe ocurre si su empresa se acoge a un ERTE, si lo despiden… Ante estos, hemos decidido elaborar una suerte de guía o manual muy resumido sobre cómo proceder en lo que a las relaciones con los servicios públicos de empleo (autonómicos y estatal) se refiere. Esperamos que sea lo más útil posible.

 

 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTES) [ ESTADO DE ALARMA]

A) Pueden ser de suspensión del contrato de trabajo («no trabajo») o de reducción de la jornada laboral («trabajo» pero menos horas). Ojo, quedan exluidos de este procedimiento los Expedientes de Regulación de Empleo de extinción del contrato de trabajo («dejas» de pertenecer a la empresa).

B) Tendrás derecho a la prestación por desempleo aunque carezcas del período cotización mínimo exigido.

C) Cuantía de la prestación: 70% de la Base Reguladora [promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior]. Límites: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/Cuantias-anuales.html

D) Tramitación (IMPORTANTE): la gestión de la prestación se tramitará entre tu empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal («no tendrás que hacer nada, despreocúpate«).

⇒ SOLICITUD/PERCEPTORES DE PRESTACIÓN O SUBSIDIO POR DESEMPLEO, RAI O SED

@ En aquellos supuestos en los que te hayan despedido o aplicado un ERE extintivo, hayas finalizado tu contrato de trabajo (u otras situaciones que puedan generar derecho a prestación o subsidio), tengas que reanudar tu prestación o ayuda o crees que estás en condiciones para solicitar una Renta Activa de Inserción (RAI) o un Subsidio Extrarodinario por Desempleo,y NO PUEDAS HACER TU TRÁMITE TELEMÁTICAMENTE, debes solicitar CITA PREVIA ONLINE a través del siguiente enlace https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do. Un Técnico del Servicio Público de Empleo Estatal se pondrá en contacto contigo para ofrecerte información y, si es el caso, proceder a tramitar tu solicitud. En caso de que no consigas solicitar cita previa, ponte en contacto con el servicio telefónico del SEPE (http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-ciudadanos.html) o con tu oficina de empleo (directorio oficinas de empleo del Servizo Público de Emprego de Galicia https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-oficinas.html). También cabe la posibilidad de que presentes una «pre-solicitud» de prestación individual (NO ENVIAR SI YA HAS SOLICITADO CITA PREVIA O HAS PRESENTADO TU SOLICITUD EN EL SEPE POR OTRO CANAL) → https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

@ En todos los supuestos anteriormente mencionados (en resumen, siempre que no estemos en presencia de un ERTE), se seguirá aplicando la normativa existente hasta el momento (no han variado los requisitos, salvo con las excepciones que veremos a continuación).

@ No tendrás que solicitar la prórroga del subsidio por desempleo; el pago se mantendrá transcurridos los 6 meses.

@ No se interrumpirá el pago de los subsidios para mayores de 52 años por la falta de presentación de la Declaración Anual de Rentas.

@ Durante este período tu demanda de empleo permanecerá en alta (no necesitas «sellar/renovar tu tarjeta»); en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia no será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de abril de 2020.

TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NO RELACIONADOS CON TU PRESTACIÓN/SUBSIDIO/AYUDA

Si necesitas dar de alta tu demanda de empleo, modificarla o reactivarla así como efectuar cualquier consulta o realizar cualquier trámite no relacionado con prestaciones o ayudas, podrás hacerlo a través de la Oficina Virtual (con limitaciones)- Servizo Público de Emprego de Galicia: https://emprego.xunta.gal/portal/gl/– o contactando con tu oficina de empleo, telefónicamente o via correo electrónico (directorio oficinas de empleo del Servizo Público de Emprego de Galicia https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-oficinas.html). No será necesario, tampoco, renovar tu demanda de empleo (en Galicia hasta el 30/06/2020).

NOTA: en determinadas Comunidades Autónomas se ha establecido la posibilidad de dar de alta la demanda a través de internet. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia se ha puesto a disposición de los usuario un formulario web (https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html) para el alta inicial de aquellas personas que no hayan estado inscritas nunca como demandantes de empleo o habíendolo estado su inscripción fuera anterior al año 2005

 

Como podéis observar, esta guía se ha hecho lo más esquemática posible. Obviamente queda al margen mucha casuística pero entendemos que con estas pinceladas es suficiente para tener un mejor conocimiento sobre cómo actuar en materia de empleo (prestaciones) ante esta situación que estamos viviendo.Tened en cuenta que muchas de las cuestiones planteadas pueden ir variando mientras dure el estado de alarma. Si teneis cualquier duda, comentad y compartid vuestras inquietudes.

 

#TODOSALDRÁBIEN

#QUÉDATEENCASA

 

 

FECHA POST: 22/03/2020

ACTUALIZACIÓN: 21/04/2020

 

 

 

La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador

Desde un punto de vista técnico-jurídico, cuando hablamos de extinción del contrato de trabajo por voluntada del trabajador nos estamos refiriendo a aquello supuestos en los que es el propio trabajador el que decide poner fin a la relación laboral pero mediando siempre justa causa. Debemos deslindar esta causa de extinción de la de dimisión del trabajador (lo que coloquialmente conocemos como baja voluntaria); en este último supuesto, el sujeto que dimite, no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización ni a que se le conceda prestación o subsidio por desempleo. La extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, sí da derecho a indeminización dado que se configura como justa causa de extinción. En este sentido, el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente:

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

Respecto a la causa estipulada en el apartado a), nos remitimos a la entrada de este blog en la que analizamos la modificación sustancial de la condiciones de trabajo La modificación sustancial de las condiciones de trabajo Seguir leyendo La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador