Prestación por desempleo: incapacidad temporal, maternidad y paternidad

Es frecuente que surjan dudas entre los ciudadanos en lo relativo a cómo va a quedar su situación laboral y social en los supuestos en que están trabajando y entran en situación de incapacidad temporal (“baja médica”) y posteriormente se extingue su contrato de trabajo teniendo derecho a percibir una prestación o subsidio por desempleo; y en idénticos términos, para los supuestos de maternidad y paternidad.

Prestación por desempleo e incapacidad temporal

  • ¿Qué ocurre si estando en situación de incapacidad temporal se extingue el contrato de trabajo? Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación. Si reúne los requisitos para acceder a una prestación o subsidio por desempleo, pasará a cobrar una u otra ayuda. Se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo. Si la situación de incapacidad temporal deriva de contingencias profesionales, no procederá el descuento al que nos hemos referido.
  • ¿Qué ocurre si se está percibiendo prestación por desempleo total y se pasa a situación de incapacidad temporal? Si la incapacidad temporal constituye recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía en la que la venía percibiendo. En caso de que no se trate de recaída, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este último caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual.

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Los márgenes de error de los radares de tráfico: reciente criterio del Tribunal Supremo

Aunque muchos ciudadanos lo desconocen, reglamentariamente, se han fijado unos márgenes de error de los radares que controlan la velocidad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Para algunos, les parecerá algo irrelevante pero tiene especial importancia por cuanto el eventual contenido de una sanción de tráfico puede variar según se aplique de forma correcta, o no, del correspondiente margen de error fijado; ese margen de error puede determinar la pérdida de más o menos puntos o una mayor o menor cuantía de la multa o, incluso, que un exceso de velocidad pueda ser calificado como infracción administrativa o como ilícito penal (delito). Para ver esta importancia de los márgenes de error os recomendamos dos post que redactamos en su momento (podéis observar, como dijimos, que fijar una velocidad de +/- 1 km/h puede tener consecuencias más o menos gravosas): ¿Qué infracciones, en materia de tráfico, llevan aparejada la pérdida de puntos? y Delitos contra la seguridad del tráfico.

 

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La contratación de trabajadores extranjeros: la situación nacional de empleo

Debemos aclarar que cuando hablamos de trabajadores extranjeros, nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores que no sean ciudadanos de estados miembros de la Unión Europea, de los del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y de Suiza, así como a sus familiares o de aquellos estados con los que exista o medie un acuerdo o tratado internacional.

El artículo 64 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en su apartado primero, establece que para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será necesario cumplir los requisitos que se establecen en el propio articulo relativos a la residencia y al trabajo, respectivamente. En el apartado tercero, regula los requisitos que se han de cumplir en relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se pretende contratar, disponiendo en la letra a) que uno de esos requisitos será el de la necesidad de que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero en cuestión. Seguir leyendo La contratación de trabajadores extranjeros: la situación nacional de empleo

La prisión permanente revisable

Durante las últimas fechas ha surgido un debate en torno a la legalidad o, más correctamente, a la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable. En esta entrada del blog no vamos a hacer un análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la figura,  pues no es objeto del mismo. Analizaremos cómo es la regulación actual de esta pena privativa de libertad y cada uno valorará si la ve o no ajustada a la legalidad constitucional vigente. No obstante, cuando leas este artículo puede que ya haya sido eliminada de nuestro ordenamiento jurídico…o no…

¿Para qué delitos está prevista la pena de prisión permanente revisable?

Lo primero y fundamental es saber para qué delitos prevé el Código Penal la prisión permanente revisable. La relación de delitos es cerrada; a saber:

  • Delito de asesinato cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
    1. Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
    2. Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
    3. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
    4. Reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas.
  • Dar muerte al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias.
  • Destrucción  total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes si mataran a alguno de sus miembros o agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 (delitos de genocidio).
  • Delitos de lesa humanidad si causaran la muerte de alguna persona.

¿Cuándo cabe suspender la ejecución de la pena de prisión permanente revisable?

Como su propio nombre indica, estamos en presencia de una pena de prisión permanente pero revisable (de ahí las voces contrarias a esta pena por entender que, en determinados supuestos, podría tratarse de una “cadena perpetua” encubierta si la revisión es “negativa”; volvemos a incidir que será el lector el que valore según su propio juicio si es justa o no justa, legal o no legal la pena de prisión permanente revisable). El artículo 92 del Código Penal regula la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: Seguir leyendo La prisión permanente revisable

A vueltas con la funcionarización

Un tema que lleva rondando última por mi cabeza es el de la llamada, coloquialmente, funcionarización, tema interesante y desconocido por la sociedad y que, afecta, en mayor o menor medida, a mi esfera personal y familiar.

Antes de analizar lo que ha de entenderse por “funcionarización” en el ámbito de la funciòn pública, debemos hacer una serie de puntualizaciones en lo referente al personal al servicio de las administraciones públicas; tradicionalmente y en la “calle” nos hemos referido a todo personal que trabaja para la administración como funcionario, si bien, no todo personal al servicio de la administración es funcionario; el funcionario no deja de ser una clase de empleado público. Por ello, conviene hacer un desglose de las distintas clases de empleados públicos (siguiendo la clasificación que hace el Estatuto Básico del Empleado Público):

  • Funcionarios de carrera.
  • Funcionarios interinos.
  • Personal en régimen laboral fijo.
  • Personal en régimen laboral indefinido no fijo.
  • Personal en régimen laboral temporal (contratado).
  • Personal eventual.

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