Curiosamente, en las mismas fechas en las que elaborábamos el anterior post relativo a la incapacidad laboral, el Tribunal Supremo dictaba una sentencia de especial relevancia sobre el carácter privativo y no ganacial de la indemnización por incapacidad percibida por el esposo antes del divorcio. Obviamente, no es necesario aclarar el motivo por el cual esta calificación tiene una importancia capital en caso de divorcio toda vez que la calificación de los bienes como privativos o como gananciales implicará o no su inclusión en el inventario de la sociedad de ganaciales.

El supuesto de hecho recogido en la sentencia es claro y simple: discrepancia entre los (ya no) cónyuges acerca de la naturaleza, privativa o ganancial, de la indemnización en concepto de incapacidad permanente absoluta percibida por el esposo antes del divorcio, indemnización que fue abonada por una compañía aseguradora, que tenía concertada con la empresa en la que trabajaba una póliza de seguro colectivo que cubría el siniestro acaecido.

Pues bien, la respuesta a esta discrepancia la dá el Tribunal Supremo como ya comentamos, concretamente en su Sentencia de 14 de diciembre de 2017; como ya hemos dicho, el Alto Tribunal ha calificado la indemnización referida como privativa pero, ¿en base a qué argumentos? La sentencia, en su fundamento quinto, apartándose de criterios precedentes, basa su conclusión en virtud de los siguientes puntos:

• En ausencia de norma expresa sobre el carácter privativo o ganancial de determinado bien o derecho, la resolución de los conflictos que se susciten debe atender a la naturaleza del derecho y al fundamento por el que se reconoce, aplicando los criterios que la ley tiene en cuenta para supuestos semejantes.
• La invalidez permanente es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. En la legislación de la Seguridad Social, la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasifica en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado. En particular, lo característico de la incapacidad permanente absoluta es que el trabajador está inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, con independencia de que la situación sea revisable y de que el cobro de la pensión vitalicia sea compatible, hasta la edad de acceso a una pensión de jubilación, con actividades lucrativas compatibles con la incapacidad absoluta. Recomendamos ver el siguiente post: La incapacidad permanente laboral.
  Esta pensión guarda una estrecha conexión con la personalidad y con el concepto de resarcimiento de daños personales. Atendiendo, por tanto, a los criterios presentes en los apartados 5 .º y 6.º del art. 1346 CC , la titularidad de la pensión derivada de una incapacidad permanente debe ser calificada como privativa. En efecto, la pensión derivada de una incapacidad permanente dispensa protección a quien ve mermada su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o de un accidente: se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador, la ausencia de unas facultades que tenía y que ha perdido, lo que en el futuro le mermará las posibilidades de seguir obteniendo recursos económicos por la aplicación de esas facultades. El reconocimiento del carácter privativo de la pensión tiene como consecuencia que, después de la disolución de la sociedad, el beneficiario no debe compartir la pensión con su cónyuge (ni, en su caso, con los herederos del cónyuge premuerto). Cuestión distinta es que, en ausencia de norma específica que diga otra cosa, las cantidades percibidas periódicamente durante la vigencia de la sociedad tienen carácter ganancial.
• Junto a las prestaciones de la Seguridad Social básica o pública, son posibles mejoras voluntarias implantadas por la iniciativa privada , dirigidas a incrementar las coberturas. Una de las fórmulas para instrumentar los compromisos asumidos por las empresas es la del seguro. La indemnización pagada por la aseguradora que cubre la contingencia de incapacidad permanente se dirige, al igual que el reconocimiento de la pensión derivada de la incapacidad, a reparar el daño que deriva de la merma de la capacidad laboral y sus consecuencias económicas respecto de los eventuales ingresos derivados del trabajo. Con independencia de que el pago de las cuotas del seguro lo realizara la empresa para la que trabajaba el beneficiario, el hecho generador de la indemnización es la contingencia de un acontecimiento estrictamente personal, la pérdida de unas facultades personales que en cuanto tales no pertenecen a la sociedad. Que la sociedad se aproveche de los rendimientos procedentes del ejercicio de la capacidad de trabajo no convierte a la sociedad en titular de esa capacidad. El contenido económico de la indemnización y que, una vez percibida, resulte transmisible, no hace perder a la indemnización su carácter privativo e inherente a la persona. Puesto que la indemnización está destinada a asegurar una utilidad personal al cónyuge beneficiario no sería razonable, dada su función, que al disolverse la sociedad correspondiera una parte al otro cónyuge (o incluso, en su caso, a los herederos del cónyuge).

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